La jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, con sede en Cuernavaca, otorgó una suspensión que impide a la Cámara de Diputados discutir y aprobar el dictamen de la Reforma al Poder Judicial en el Pleno, programado para el inicio de la nueva legislatura el 1 de septiembre.
Esta decisión se deriva de una solicitud de amparo que cuestiona los riesgos que la reforma representa para los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial.
Suspensión que impide a la Cámara de Diputados discutir y aprobar el dictamen de la Reforma al Poder Judicial en el Pleno
La resolución de la jueza Magaña López está basada en la protección de los servidores públicos.
Argumentó que se verían vulnerados con la eliminación de la carrera ministerial propuesta en la reforma.
La jueza argumentó que, al perder estabilidad en sus empleos, los servidores públicos afectados por un procedimiento de responsabilidad que pudiera concluir en su cese estarían legitimados para promover un juicio de amparo desde el inicio del procedimiento.
Evitando así que sus derechos sean violados irreparablemente.
La suspensión busca evitar que la reforma sea aprobada.
De convertirse en parte de la Constitución, los afectados quedarían en estado de indefensión si fueran separados de sus cargos, sin posibilidad de ser restituidos.
La jueza enfatizó que, de no otorgarse la suspensión, la reforma constitucional sería inatacable, incluso si se confirmaran violaciones procesales o vicios de fondo en el proceso.
Human Rights Watch (HRW) ha manifestado preocupación por las reformas impulsadas por el presidente López Obrador.
Que incluyen modificaciones al Poder Judicial, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Así como la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
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HRW considera que estas propuestas ponen en riesgo la independencia judicial y los derechos humanos en México.
“Estas peligrosas propuestas socavarían la independencia judicial, otorgarían un poder sin precedentes a los militares y eliminarían salvaguardas establecidas para proteger los derechos humanos”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, en un comunicado.
La suspensión de la jueza Magaña López representa un freno importante en la aprobación de la reforma constitucional.
La cual ha sido objeto de controversia tanto a nivel nacional como internacional.