En su segundo y último informe, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, advirtió sobre una práctica sistemática de amenazas y agresiones hacia el Poder Judicial.
Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ofreció su Segundo Informe de Labores, en el que denunció que las amenazas y ataques contra jueces, magistrados y ministros se han intensificado debido a decisiones judiciales que han contravenido los intereses del gobierno de la Cuarta Transformación.
“Una práctica recurrente de amenazas y persecuciones”
En sesión solemne ante los plenos de la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Piña señaló que la reforma judicial de 2024 marcó un cambio alarmante en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
Desde entonces, las agresiones contra juzgadores incluyen violaciones a suspensiones constitucionales, desacato a sus decisiones y amenazas con procesos penales y juicios políticos.
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“La desestimación de la autoridad del Poder Judicial Federal y las amenazas sistemáticas contra jueces y magistrados se han vuelto una práctica generalizada. Esto pone en riesgo no solo la independencia judicial, sino el equilibrio democrático del país”, afirmó.
Casos que marcaron el quiebre con el Ejecutivo
Piña destacó tres episodios clave que intensificaron las agresiones:
- La Guardia Nacional y la Sedena (abril 2023):
La Suprema Corte invalidó el decreto que transfería el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta decisión provocó un aumento de ataques y acusaciones públicas contra los ministros.
- Megaproyectos blindados (mayo 2023):
El Pleno anuló un decreto que clasificaba como “seguridad nacional” las obras prioritarias del gobierno, lo que eliminaba mecanismos de transparencia y consulta pública. Horas después, el Ejecutivo publicó un nuevo decreto reiterando este blindaje.
- El “Plan B” electoral (junio 2023):
Por nueve votos a favor, la Corte invalidó las reformas político-electorales conocidas como “Plan B” debido a violaciones al procedimiento legislativo. Esta decisión desató una campaña mediática contra los ministros, a quienes se acusó de actuar en favor de intereses opositores.
Ausencia de Sheinbaum en el Informe de Norma Piña
Por segundo año consecutivo, el Ejecutivo federal no estuvo presente en el informe.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió como representante al subsecretario de Gobernación, César Yánez.
Además, ninguna representación del Congreso asistió, reflejando una creciente distancia entre los poderes de la Unión.
En contraste, acudieron expresidentes de la Corte como Guillermo Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela, además de dos magistrados electorales.
Una reforma judicial sin diagnóstico
Piña reconoció la necesidad de una reforma judicial en México, pero criticó que la promulgada este año carece de un diagnóstico integral.
También subrayó la ausencia de reformas en áreas fundamentales como las policías, las fiscalías, las comisiones de víctimas y el sistema penitenciario, el cual calificó de “ruinas”.
La ministra presidenta concluyó señalando que los ataques contra el Poder Judicial no solo afectan a los jueces, sino que socavan la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
“Es indispensable que México proteja la independencia judicial como un pilar fundamental del Estado de derecho”, finalizó.