El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han lanzado una investigación formal contra el exministro y expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, junto con otros funcionarios y exfuncionarios vinculados a él, por posibles actos de corrupción, extorsión, enriquecimiento ilícito y otras conductas ilícitas.
La pesquisa, identificada como J/108/2024, también apunta hacia Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector general del Instituto de la Defensoría Pública Federal; Carlos Alpízar Salazar, exsecretario General de la presidencia de la Corte; y Edgar Manuel Bonilla del Ángel, extitular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.
Corrupción y extorsión en la Suprema Corte de Justicia
Las acusaciones involucran a diversos sectores del poder judicial y exfuncionarios del gobierno, incluyendo a la exprocuradora Arely Gómez y al exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, así como a despachos de abogados cercanos a estos.
Según el acuerdo oficial de apertura de la indagatoria, emitido el 9 de abril, la actual presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, ha instruido una investigación exhaustiva, concediendo a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas las facultades necesarias para recabar pruebas que aclaren las denuncias.
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Las acusaciones principales contra Zaldívar incluyen presiones indebidas sobre operadores del sistema judicial para favorecer sus intereses personales o de terceros, así como presuntas extorsiones y amenazas a jueces y magistrados para influir en resoluciones judiciales a favor de su grupo.
Además, se mencionan casos de enriquecimiento ilícito y uso inapropiado de recursos del poder judicial.
La denuncia también señala la presunta complicidad de otros funcionarios en encubrir casos de violencia sexual y de género, así como el presunto acoso laboral dentro de la institución.
Este escándalo sacude los cimientos del poder judicial mexicano y plantea interrogantes sobre la integridad y la independencia de uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho en el país.