La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un fallo trascendental al aprobar, con cuatro votos a favor, un amparo presentado por organizaciones civiles que exigen la despenalización del aborto en el estado de Aguascalientes.
Esta decisión histórica convierte a Aguascalientes en el duodécimo estado de México en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, siguiendo los pasos de:
- Ciudad de México
- Oaxaca
- Baja California
- Coahuila
- Veracruz
- Colima
- Hidalgo
- Guerrero
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Quintana Roo.
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La sentencia, que subraya que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho humano fundamental y parte integral de los derechos reproductivos de las personas, ha sido ampliamente celebrada por defensores de los derechos de las mujeres y organizaciones proelección.
Además, se espera que esta decisión siente un precedente legal obligatorio para los jueces locales y federales de todo el país.
Las organizaciones que lideraron este amparo, incluyendo GIRE, Morras Help Morras, TERFU, CECADEC y Cultivando Género, presentaron la acción legal a principios de 2022, y después de casi dos años de deliberación, la SCJN ha ordenado que las autoridades modifiquen el Código Penal local y que el estado proporcione servicios para la interrupción del embarazo.
Una de las principales implicaciones de esta decisión es que ninguna mujer, persona gestante o personal médico podrá ser criminalizado por participar en la interrupción voluntaria del embarazo en Aguascalientes.
Además, se exige al Congreso de Aguascalientes que derogue los artículos relacionados con el aborto declarados inconstitucionales antes de que finalice el período ordinario de sesiones en el que se notificó la sentencia.
En consonancia con esta sentencia y las modificaciones legislativas, Aguascalientes, al igual que los otros 11 estados que han despenalizado el aborto en México, ofrecerá servicios de interrupción del embarazo de forma universal y gratuita a través de los sistemas de salud locales.
Este amparo es parte de una estrategia nacional liderada por organizaciones civiles para universalizar el derecho a la interrupción legal del embarazo en México.
Además de Aguascalientes, se han presentado amparos similares contra los Códigos Penales de varios estados y el Código Penal Federal, todos basados en una sentencia de la SCJN emitida en 2021, que declaró inconstitucional el castigo legal del aborto voluntario, estableciendo un precedente a nivel nacional.