En una impactante revelación, el medio de comunicación Latinus ha puesto al descubierto que la SEDENA, la Fiscalía de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad de ese estado estaban al tanto de las actividades extorsivas de La Familia Michoacana en el municipio de Texcaltitlán desde el año 2022.
Estos datos se dieron a conocer tras un enfrentamiento ocurrido el pasado viernes que dejó un saldo de 14 personas fallecidas.
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Según el periodista Carlos Loret de Mola, quien presentó los documentos en su noticiero, las autoridades contaban con informes detallados
Así como organigramas, fotografías de los criminales y sus vehículos, así como mapas de las zonas de operación desde julio de 2022.
Estos documentos fueron obtenidos por Latinus a través de un hackeo a la Fiscalía de Justicia y la Secretaría de Seguridad del Estado de México
Parte de un acervo sustraído a la Sedena por el grupo Guacamaya.
Los documentos revelan que tras el arresto de presuntos delincuentes en julio de 2022, los mismos admitieron controlar la venta de productos básicos como huevo, tortillas y cerveza en el municipio.
Además, indicaron que golpeaban a los pobladores que compraban despensa fuera del municipio.
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La filtración también señala que la administración habría ignorado advertencias y denuncias de campesinos por la presunta extorsión de La Familia Michoacana en Texcaltitlán, hechas un año antes del enfrentamiento del pasado viernes.
Asimismo, se informa que la Sedena tenía en su poder desde junio de 2022 fotografías, teléfonos y datos de los líderes del grupo criminal en el Estado de México.
Informes de la Fiscalía de Edomex, obtenidos a través del hackeo a la Sedena, indican que un enfrentamiento en Palo Amarillo, una comunidad de Texcaltitlán, tuvo lugar en junio del año pasado, donde fuerzas de seguridad intervinieron una casa utilizada por La Familia Michoacana.
Los correos filtrados también revelan que el grupo criminal cobraba “impuestos” o derecho de piso a comerciantes y agricultores en la región, con agresiones a aquellos que compraban productos fuera de los municipios controlados por la organización.
A pesar de las denuncias y la entrega de información detallada por parte de los pobladores a la Sedena, no se observó ninguna respuesta por parte del gobierno.
Este hallazgo plantea serias interrogantes sobre la eficacia y la actuación de las autoridades frente a la creciente violencia y extorsión en la región.
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