El diario The New York Times expone una trama de espionaje que involucra a la fiscalía de la Ciudad de México, liderada por Ernestina Godoy, y señala a Telcel por entregar registros telefónicos de políticos y funcionarios.
The New York Times revela que al menos 14 funcionarios del gobierno mexicano de la 4T y miembros de la oposición fueron objeto de espionaje por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dirigida por Ernestina Godoy.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM
Según documentos judiciales revisados por el diario, la fiscalía habría ordenado a Telcel, la compañía de telecomunicaciones más grande de México, la entrega de registros telefónicos, mensajes de texto y datos de ubicación de destacados políticos y funcionarios.
Entre los vigilados se encuentran la senadora Lilly Téllez y el alcalde Santiago Taboada, ambos prominentes opositores.
Además, figuran en la lista el senador morenista Higinio Martínez, la exdiputada local Alessandra Rojo de la Vega y Horacio Duarte.
Aunque el diario no revela más nombres, sugiere la presencia de “un candidato presidencial destacado”, tres alcaldes capitalinos y poderosos funcionarios del gobierno actual.
Según el expediente judicial consultado, Telcel admitió haber recibido órdenes para entregar los registros, abarcando el período de 2021 a 2023, en relación con investigaciones sobre secuestros y desapariciones.
En particular, la compañía proporcionó los registros telefónicos de Taboada en respuesta a 14 órdenes vinculadas a secuestros, así como al fiscal de Colima para una orden.
Ante estas revelaciones, la FGJCDMX ha negado “categóricamente” haber solicitado tales registros, argumentando que no espía a figuras políticas ni a ninguna persona.
Sin embargo, el diario destaca que un juez federal afirmó este año que la fiscalía sí había solicitado a Telcel la entrega de registros, en el marco de una demanda presentada por el alcalde Taboada.
Este escándalo de espionaje plantea interrogantes sobre la privacidad y la legalidad de las acciones llevadas a cabo por la fiscalía, generando un fuerte debate en el ámbito político mexicano y suscitando llamados a una investigación independiente para esclarecer los hechos.