En un revés legal para la Fiscalía General de la República (FGR), Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, logró que una jueza federal declarara improcedente el intento de la FGR de confiscar definitivamente su lujosa mansión en el poniente de la Ciudad de México, valuada en más de 38 millones de pesos.
La jueza Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, Ana Lilia Osorno Arroyo, ordenó la devolución de la propiedad
Argumentando que los fiscales utilizaron una norma legal que no estaba vigente en el momento de los presuntos hechos delictivos.
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Una mansión con supuestamente recursos ilícitos
El caso se centraba en la supuesta adquisición de la residencia de 1,165 metros cuadrados por parte de Lozoya mediante sobornos relacionados con la compra de la planta chatarra Agronitrogenados.
Aunque la FGR acusó penalmente a Lozoya, un juez canceló el proceso en septiembre pasado, considerando que el daño ya estaba siendo reparado.
El aseguramiento definitivo de la propiedad requería un proceso separado conocido como juicio de extinción de dominio.
La mansión fue asegurada en 2019
La casa fue asegurada preventivamente en mayo de 2019, y en noviembre de 2021, durante el proceso, se solicitó que pasara a manos del gobierno.
La sentencia de la jueza Osorno Arroyo, emitida el 10 de noviembre, declara improcedente la extinción de dominio, abriendo la posibilidad de que la FGR apele la decisión.
La defensa de Lozoya argumentó con éxito que la propiedad fue adquirida en 2012
Antes de que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita fuera incluido en la lista de causas de extinción de dominio en la Constitución en 2019.
La jueza determinó que la acción de extinción era improcedente según la normativa aplicable en el momento de la transacción.
¿Presentarán recurso de revisión?
Con esta resolución, la FGR tiene la opción de presentar un recurso de revisión para que un tribunal federal evalúe el caso.
Mientras tanto, otra propiedad de la familia Lozoya en Ixtapa-Zihuatanejo, también sujeta a un juicio de extinción de dominio, podría enfrentar un destino similar si se sigue la misma línea de argumentación.
La residencia de 3,500 metros cuadrados, adquirida en 2013, es objeto de disputa por presuntos sobornos relacionados con la constructora Odebrecht.