María Clemente, diputada trans por Morena, se encuentra en medio de una polémica tras difundir un video intimo de una reconocida activista en las redes sociales.
La afectada, identificada como Láurel Miranda, denunció públicamente el incidente y exigió que se aplique la Ley Olimpia para enfrentar este tipo de delitos.
La denuncia de Miranda se hizo viral este lunes, cuando compartió en sus redes sociales los detalles del incidente.
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Según su testimonio, la diputada federal María Clemente retuiteó el video sexual en Twitter, lo que causó una grave denigración a su persona.
“El miedo no anda en burro”, expresó Láurel Miranda en su publicación.
“Tanto la diputada federal María Clemente como su becario Aldo Hinojosa compartieron un video con contenido sexual mío sin mi consentimiento. No fue un simple retuit, pues aprovecharon para degradar mi persona a propósito de dicho material. Tras señalarles que eso es un delito, ambos procedieron a eliminar su respectivo tuit”.
María Clemente, quien se ha destacado por ser una defensora de los derechos de la comunidad trans.
Ahora, se ve envuelta ahora en una situación que va en contra de los principios que ha promovido.
Exigen uso de la Ley Olimpia
La difusión no autorizada de material intimo es considerada un delito según la Ley Olimpia, aprobada en 2021.
Que busca reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.
La activista Láurel Miranda ha solicitado que se aplique esta ley en el caso de la diputada trans de Morena y su becario, con el fin de garantizar justicia y frenar este tipo de acciones que vulneran la intimidad y dignidad de las personas en el ámbito digital.
Hay indignación de muchas partes
Este suceso ha generado una gran indignación en la opinión pública, ya que se esperaría un comportamiento ejemplar por parte de una representante política comprometida con la lucha por los derechos de las minorías y la protección de la intimidad personal.
Las autoridades competentes deberán investigar este caso y determinar las medidas legales correspondientes, a fin de garantizar que se haga justicia y se prevengan futuros actos similares.
Mientras tanto, el incidente ha reavivado el debate en torno a la importancia de proteger la privacidad y la intimidad de las personas en el entorno digital.
