El Senado de la República ha elevado a rango constitucional la Ley 3 de 3, una medida que prohíbe a agresores sexuales, deudores alimentarios y culpables de violencia de género competir por cargos de elección popular o desempeñar funciones en el servicio público.
La iniciativa, que fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 28 de abril, requería el aval de al menos 17 congresos locales antes del 1º de junio para ser aplicada en las elecciones de 2024.
La enmienda constitucional, que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, establece que las personas con sentencias por delitos contra:
- La vida y la integridad corporal
- Contra la libertad y seguridad sexuales
- Así como aquellos culpables de violencia familiar
- Violencia familiar equiparada o doméstica
- Violación a la intimidad sexual
- Violencia política de género y
- Deudores alimentarios morosos
Todos ellos serán impedidos de ocupar cargos, empleos o comisiones en el servicio público.
La aprobación de esta medida ha sido calificada como un “hecho histórico y fundamental para el desarrollo” de la sociedad por parte del Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta.
“La Comisión Permanente emite la Declaratoria constitucional de la reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público”, indicó Armenta
Durante la sesión, se reconoció que el dictamen fue impulsado por organizaciones de la sociedad civil y colectivos que estuvieron presentes durante la declaratoria.
Hasta la fecha, un total de 23 legislaturas locales han respaldado el dictamen constitucional de Ley 3 de 3
Estos estados son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, el Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
Con esta enmienda constitucional, se busca garantizar un entorno seguro y libre de violencia de género en el ámbito político y público, promoviendo la participación de personas que respeten los derechos fundamentales y evitando que aquellos con antecedentes de agresión sexual o deudores alimentarios morosos ocupen cargos de responsabilidad.
