La Comisión de Igualdad de Género que preside la diputada federal Julieta Vences Valencia aprobó tres dictámenes para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La primera que reforma el Artículo 31 de la citada Ley, tiene el objetivo de establecer como parte de los derechos de las víctimas, que las autoridades deberán realizar la toma de la denuncia, con un lenguaje respetuoso y sin interrogatorios ofensivos
Evitando así, comentarios lesivos y prejuicios que desacrediten los dichos de las personas denunciantes y con ello, infrinjan en su revictimización.
En pro de la decisión de las mujeres
La segunda iniciativa en cuestión, que reforma el Artículo 6, pretende reconocer la violencia contra los derechos reproductivos como un tipo de violencia referente a toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva.
En relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección y acceso a una maternidad segura.
Julieta Vences estimó que es de gran relevancia que se reconozca la violencia hacia el derecho reproductivo y sexual de las mujeres, ya que como se sabe, dijo, lo que no se nombra no existe.
“Al no nombrar este tipo de violencia por la que muchas mujeres atraviesan, no solo se perjudican sus derechos humanos, sino también se sigue perpetuando la desigualdad de género que vivimos por desgracia en nuestro país y la discriminación a la que son sometidas muchas de las mujeres, sobre todo en comunidades indígenas y de las zonas más pobres de nuestro país y que vulnera la capacidad de las mujeres a poder decidir libremente sobre sus cuerpos”, señaló.
Sostuvo que reconocer este tipo de violencia, es un paso crucial hacia la construcción de un mundo más justo, más equitativo y más igualitario.
“Es necesario asegurar que todas las mujeres tengan la libertad de tomar decisiones libres e informadas sobre su salud y su cuerpo sin restricciones, sin imposiciones, ni violencia”, expresó.
La tercera enmienda que reforma el artículo 56, aprobada por el órgano parlamentario, decreta que los refugios deberán procurar contar con personas traductoras e intérpretes que conozcan la cultura y lengua, cuando su población brinde atención a mujeres de pueblos y comunidades
indígenas.
La diputada federal por Morena indicó que la falta de acceso a intérpretes calificados crea una brecha de comunicación que dificulta y complica la denuncia efectiva y el acceso a la justicia para las mujeres indígenas.
“Se deben promover espacios seguros y culturalmente sensibles para que las mujeres indígenas puedan recibir los servicios especializados de los refugios, con atención médica, psicológica o albergue temporal, partiendo de las necesidades siempre que tienen las mujeres en dichas comunidades”, exigió.
Finalmente, la Comisión de Igualdad de Género avaló opinión en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
La congresista poblana destacó que esta Ley considera las desigualdades que padecen las mujeres, incluso en su etapa más adulta.
“Es una reforma que reconoce las desigualdades que históricamente han padecido las mujeres y que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad como lo son nuestras adultas mayores”, detalló.
Es por ello, demandó que se necesitan de programas, acciones y políticas públicas que atiendan las consecuencias de un sistema que no ha garantizado un piso parejo para todas nosotras.