En el marco del Proceso Electoral Federal y los procesos locales concurrentes 2023-2024, las Consejeras del INE, Dania Ravel Cuevas y Carla Humphrey Jordan, han enfatizado la importancia de garantizar que las personas que ejerzan violencia de género no tengan acceso al poder político, cero tolerancia
Esto fue discutido durante el Foro Acciones Afirmativas para una Democracia Inclusiva, organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC).
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La Consejera Dania Ravel subrayó que el respeto y la garantía de los derechos humanos de todas las personas son fundamentales para legitimar la democracia, y que la participación de todos es esencial para la existencia de una democracia plena.
Cero Tolerancia a violentadores
Además, destacó que no se puede afirmar que vivimos en una democracia completa si aún existen personas que enfrentan discriminación debido a:
- género
- orientación sexual
- discapacidad
- etnia
- condición social.
Ravel Cuevas también hizo hincapié en que ni las acciones afirmativas ni la iniciativa “3 de 3 contra la violencia” generarán un cambio social inmediato
Pero sí ponen en el centro de la discusión la necesidad de la participación y representación política de personas en situación de discriminación y la prevención de la violencia contra las mujeres.
Durante su conferencia sobre los desafíos en la aplicación de la “3 de 3 contra la violencia” en el Proceso Electoral 2023-2024, la Consejera Ravel planteó la necesidad de que, por ley, los partidos políticos:
- Prevengan
- Atiendan
- Sancionen
- Reparen
- Erradiquen la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG)
Y que se impida que las personas violentadoras lleguen a cargos públicos.
Con la “3 de 3 contra la violencia” ahora constitucional, Ravel consideró que se debe realizar una revisión completa para garantizar que todas las personas candidatas cumplan con los requisitos de elegibilidad, que incluyen no estar en deuda de pensión alimenticia, no ser agresores sexuales ni haber cometido violencia familiar.
La cero tolerancia es un reto, pero no es imposible
El principal reto de la aplicación de esta ley, según la Consejera, es asegurar que las mujeres puedan participar libremente y ejercer plenamente sus derechos político-electorales sin ser víctimas de violencia.
Para lograrlo, propuso la firma de convenios con tribunales y la colaboración con la sociedad civil para obtener información sobre las personas que aspiran a una candidatura y verificar que no sean violentadoras.
Ravel Cuevas aclaró que el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de VPMRG no tiene como objetivo impedir automáticamente que una persona sea candidata, pero los partidos políticos deben revisar si algún candidato o candidata está registrado y evaluar la pertinencia de su postulación.
Por su parte, la Consejera Carla Humphrey Jordan, en un panel titulado “El papel de las autoridades electorales en la aplicación de la 3 de 3”, advirtió que a medida que aumenta la participación de las mujeres en la política, también aumenta la violencia en su contra en estos espacios públicos.
Humphrey exhortó a las autoridades electorales a realizar una revisión exhaustiva de las postulaciones para asegurarse de que no incluyan a personas que se encuentren en los supuestos de la “3 de 3 contra la violencia”.
Además, instó a los partidos políticos a no postular a personas violentadoras para cargos de elección popular.
No olvidar la 3 de 3 contra la violencia
La Consejera recordó que la “3 de 3 contra la violencia” es un principio constitucional de observancia obligatoria y que debe prestarse especial atención a la violencia digital en las plataformas sociales y digitales.
También mencionó la guía desarrollada en colaboración con Meta para enfrentar la violencia política contra las mujeres en redes sociales.
Humphrey subrayó que existen sanciones en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género
Incluida la cancelación o negación del registro como candidato o candidata a un cargo de elección popular.
En conclusión, las autoridades electorales se han comprometido a garantizar que las personas violentadoras de mujeres no accedan al poder político
Además que se respeten los derechos de todas las mujeres a participar en la política sin ser víctimas de violencia.
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