Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas del gobierno de Michoacán durante la administración del perredista Silvano Aureoles, fue detenido este 1 de marzo como parte de una investigación federal por presunto peculado.

El exfuncionario fue arrestado en Miami, Florida, por agentes de la Interpol en cumplimiento a una solicitud de colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) de México.

Detienen a Carlos Maldonado por peculado

Inmediatamente después, fue enviado al país, donde elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Guardia Nacional ejecutaron la orden de aprehensión en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Según el Registro Nacional de Detenciones, la captura se registró a las 9:48 horas del 1 de marzo.

Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Tacubaya, Ciudad de México.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Maldonado Mendoza es acusado de un presunto desfalco a las finanzas del estado de Michoacán.

Lo anterior por más de 30,000 millones de pesos.

Sin embargo, la orden de aprehensión ejecutada está relacionada con un peculado de 4 millones de pesos.

Derivado de la entrega de recursos a una empresa para la realización de una obra pública en Zitácuaro, de la cual no existe evidencia de ejecución.

Además de la detención de Maldonado Mendoza, la FGR también ha arrestado a Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas.

Así como a Guillermo Loaiza Gómez, exdirector del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE), en relación con los mismos delitos.

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Una fuente de la FGR informó a Latinus que se esperan nuevas órdenes de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo.

Así como contra los exsecretarios de Seguridad Pública Juan Antonio Bernal Bustamante y Juan Bernardo Corona Martínez, entre otros exfuncionarios.

Estas detenciones forman parte de un conjunto de 13 denuncias presentadas por la administración del actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Entre las irregularidades denunciadas se encuentra el presunto sobreprecio en la construcción de al menos siete cuarteles regionales de la Policía Estatal (hoy Guardia Civil)

Cuyo costo, según avalúos, no debería haber superado los 100 millones de pesos cada uno, pero que en total ascendieron a un gasto de 4,000 millones de pesos.

La FGR continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar el destino final de los recursos públicos presuntamente desviados.

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