A pocos días de concluir su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado la militarización de la Guardia Nacional una propuesta que había intentado implementar desde 2019.
El 19 de septiembre, la Cámara de Diputados, dominada por Morena, aprobó una reforma que devuelve el control total de la Guardia Nacional al Ejército, revocando los compromisos asumidos en su creación.
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La reforma contempla que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena y retoma características que fueron rechazadas en su momento, como el fuero militar y la capacidad de investigar delitos.
En 2019, la presión de organizaciones sociales y la oposición obligó a Morena a modificar la propuesta.
Asegurando que la Guardia tendría un mando civil y un proceso de consolidación de cuerpos policiales locales.
Sin embargo, la reciente aprobación ha generado fuertes críticas.
Reacciones de la oposición y de la sociedad civil sobre la militarización de la Guardia Nacional
Diputados de oposición, como Héctor Saúl Téllez del PAN, acusaron a Morena de engañar a la ciudadanía al cambiar radicalmente su postura original. “Se prometió una Guardia Nacional civil, pero ahora se da un giro de 180 grados”, señaló.
Asimismo, Gustavo de Hoyos de Movimiento Ciudadano recordó que en 2019 se planteó una utilización excepcional de las Fuerzas Armadas, que ahora se convierte en una medida permanente.
La iniciativa, que busca consolidar la militarización de la Guardia Nacional, plantea que esta institución no solo operará bajo el mando del Ejército.
Sino que también podrá realizar funciones de investigación, algo que había sido eliminado en el proceso anterior.
La reforma también modifica el artículo 129 constitucional, permitiendo a las fuerzas armadas ejercer funciones más allá de la disciplina militar.
Un futuro incierto para la Guardia Nacional
La propuesta, ahora enviada al Senado, podría ser promulgada por López Obrador antes del final de su sexenio.
Siempre que sea aprobada por 17 Congresos locales antes del 30 de septiembre.
Este cambio representa un punto de inflexión en la política de seguridad del país y un reflejo de la creciente influencia del Ejército en el ámbito civil.