En Nuevo Laredo, Tamaulipas, se acusa a elementos de la Guardia Nacional de ser los responsables de la muerte de una niña de 8 años, Lidia Iris Fuentes Galván, y una enfermera de 46 años, Yuricie Rivera Elizalde, en dos hechos separados ocurridos el pasado fin de semana.

Ambos incidentes han causado conmoción y una fuerte denuncia por parte de los familiares de las víctimas, quienes exigen justicia.

Una niña atrapada en el fuego cruzado

La noche del sábado 12 de octubre, Lidia Galván Reséndez, abuela de la pequeña Iris, se encontraba en su vehículo particular junto a la niña cuando, repentinamente, fueron embestidas por una camioneta de la Guardia Nacional en medio de una persecución en el Fraccionamiento Palmares.

Según declaraciones de la abuela, los elementos de la GN dispararon sin advertencia.

“Cuando vi a la niña desangrándose, le grité ‘muévete, Iris, muévete’. Ella me contestó, pero estaba perdiendo mucha sangre”, relató Lidia Galván.

A pesar de sus súplicas, inicialmente los soldados no le prestaron auxilio. La niña fue trasladada a un hospital, donde murió a causa de las heridas de bala.

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El caso de Yuricie Rivera, una víctima inocente

Un día antes, el viernes 11 de octubre, la enfermera Yuricie Rivera viajaba en una camioneta privada junto a su esposo e hijo por las calles del Fraccionamiento La Fe, cuando fue alcanzada por una bala disparada por militares que perseguían a presuntos delincuentes.

El disparo le impactó en la cabeza, terminando con su vida de manera instantánea. “Empezaron a disparar sin motivo, no sé qué pensaban o por qué lo hicieron”, denunció su esposo, Víctor Manuel Carrillo, quien quedó ileso, al igual que su hijo de 9 años.

Según testigos, los soldados dispararon indiscriminadamente sin considerar a las familias que se encontraban en la zona.

Acusan a la Guardia Nacional de la muerte de una niña

Un patrón de impunidad

La situación en Nuevo Laredo ha despertado indignación entre los pobladores y organizaciones de derechos humanos.

Quienes acusan a las fuerzas federales de actuar con total impunidad.

Hasta el momento, ni la Fiscalía de Tamaulipas ni las autoridades federales han emitido una declaración oficial sobre los hechos.

Lo que ha incrementado el malestar entre los familiares de las víctimas.

Organizaciones locales han señalado que estos incidentes forman parte de una preocupante tendencia de abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad en México.

Casos como estos se han documentado en investigaciones periodísticas, como Permiso para matar, que expone la letalidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

En lo que va del sexenio, este tipo de tragedias han cobrado la vida de seis migrantes en Chiapas y varias personas en Colima, y ahora a Lidia Iris, Diego Alfredo y Yuricie Rivera en Tamaulipas.

Los familiares de las víctimas exigen justicia y un alto a la violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, la comunidad de Nuevo Laredo continúa sumida en el dolor y la incertidumbre ante la falta de respuestas.

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