Horas previas a la toma de posesión de Ulises Lara como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), surge controversia debido a la expedición sorpresiva de su cédula profesional de licenciado en Derecho por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El registro nacional de profesiones revela que el documento, identificado con el número 13908423, fue emitido en 2024 por la SEP, justo antes de que Lara asumiera el cargo como encargado de despacho en la Fiscalía, sucediendo a Ernestina Godoy.
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Los registros indican que Lara López cursó sus estudios de licenciatura en la Universidad Cúspide de México.
Sin embargo, hasta el 9 de enero, en los archivos de la SEP, solo constaba con una cédula de licenciado en sociología, además de dos de maestría y una de doctorado.
Las críticas no se hicieron esperar, señalando que Lara no cumplía con los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Fiscal
Que exige tener título y cédula de licenciatura en derecho, así como una experiencia mínima de 5 años.
Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, expresó su preocupación:
“Eso es una forma de hacerle fraude a la Ley y desnaturalizar la razón de ser de que el Fiscal sea un abogado”.
El miércoles, en una rápida respuesta a las críticas, el registro nacional de profesiones ya reflejaba a Lara con una cédula como licenciado en derecho.
En un comunicado emitido esa misma noche, la oficina de Ulises Lara defendió su designación
Argumentando que la Constitución capitalina no establece requisitos específicos para ser encargado de despacho.
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Explicó que, tras la decisión del Congreso de la Ciudad de México de no ratificar a Ernestina Godoy, Lara asumió la suplencia de la persona titular de la Fiscalía, según lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley Orgánica de la FGJCDMX.
El comunicado asegura que Lara permanecerá como titular hasta que se designe a un nuevo responsable y destacó la continuidad del trabajo iniciado por Godoy
Enfocándose en la procuración de justicia, respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, y la profesionalización del personal, entre otros objetivos institucionales.