En el arranque de 2024, México se adentra en un año que marcará un hito en su historia financiera, con el Congreso otorgando al Presidente Andrés Manuel López Obrador la autorización para contratar una deuda que supera los 2 billones de pesos.

Este monto representa un aumento drástico, con un 70% más en la deuda interna, ascendiendo a 1.99 billones de pesos, y un incremento asombroso del 227% en la deuda externa, alcanzando los 18 mil millones de dólares, en comparación con el año anterior.

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Este mar de dinero supone que uno de cada 5 pesos del gasto público provendrá de la deuda, planteando preguntas sobre la sostenibilidad económica del país.

Contrario a las expectativas, menos de la mitad de estos recursos se destinarán a proyectos de infraestructura clave, como el Tren Maya y Dos Bocas.

La otra parte se dirigirá al gasto corriente, incluyendo nóminas, subsidios y apoyos sociales.

La Constitución establece claramente los propósitos de la deuda, tales como obra pública rentable, regulación monetaria, reestructuración de la deuda y atención a emergencias nacionales.

Sin embargo, la oposición ha llevado este tema ante la Corte, argumentando que los destinos actuales del problema no cumplen con estos fines constitucionales.

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“Sin corrupción alcanza para más”, expresó alguien, sugiriendo que la transparencia y eficiencia podrían maximizar el impacto de los recursos.

No obstante, con la creciente deuda, la Cámara de Diputados aprobó el 19 de octubre el proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación como parte del Paquete Económico 2024.

La Ley de Ingresos proyecta ingresos totales por 9 billones 66 mil 45.8 millones de pesos, mientras que el endeudamiento neto interno alcanzará hasta 1 billón 990 mil millones de pesos.

Esto significa que el gobierno planea gastar más de lo que espera recaudar en 2024, cubriendo la diferencia con una deuda pública significativa.

Hasta agosto de 2023, la deuda del gobierno federal ya ascendía a 14 billones 170 mil 551.6 millones de pesos, con el 83.7% correspondiente a deuda interna.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó una reciente reestructura de la deuda, buscando reducir los pagos a corto plazo a cambio de extender los plazos, lo que significa que la nación estará pagando por más tiempo.

En medio de crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda y su destino, el país se enfrenta a un año donde la gestión de los recursos y la eficacia en su uso serán cruciales para evitar impactos negativos en la economía y el bienestar social.

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