El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, emitió una advertencia enérgica a los trabajadores del Poder Judicial del estado después de que se manifestaran en protesta por la falta de un aumento salarial del seis por ciento que había sido prometido.

Durante la colocación de la primera piedra de Ciudad Universitaria 2, el gobernador expresó su compromiso de corregir las deficiencias heredadas de administraciones anteriores

Sin embargo subrayó que no tolerará lo que calificó como “tropelías” contra la sociedad.

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En una entrevista posterior al evento, el titular del Poder Ejecutivo Estatal habló sobre el diálogo en curso entre el Gobierno del Estado y los burócratas de los tres Poderes.

Señaló que, aunque comprende las preocupaciones de los trabajadores, es esencial que se lleve a cabo un diálogo respetuoso y constructivo.

Céspedes Peregrina destacó que la situación actual no justifica el cierre de accesos a hospitales ni la obstrucción del ejercicio de la justicia, ya que esto afecta a numerosas personas en el estado.

“Les pedimos un diálogo respetuoso. Si no lo hacen así, no vamos a permitir que más personas se vean afectadas. No titubearemos en este asunto. Pueden tener reclamos legítimos o no, pero deben discutirlos con el Consejo de la Judicatura”, enfatizó el gobernador.

Céspedes Peregrina también informó que la Secretaría de Planeación y Finanzas está en conversaciones con todos los trabajadores del Gobierno del Estado, Organismos Públicos no Descentralizados (OPD) y líderes sindicales para concretar el aumento salarial prometido.

Además, descartó que la protesta de los trabajadores del Poder Judicial estuviera relacionada con resistencias a los recientes cambios en la presidencia del TSJ y el Consejo de la Judicatura.

En su lugar, atribuyó la manifestación a la presión de los colaboradores para que se cumpla la promesa de incremento salarial.

La administración de Céspedes Peregrina se muestra firme en su compromiso de abordar las demandas de los trabajadores y garantizar un diálogo constructivo, al tiempo que advierte que no permitirá que las protestas afecten a la sociedad ni impidan el funcionamiento de los servicios esenciales en el estado.

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