La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó el rescate de una joven de 19 años que era explotada sexualmente en el bar “Barra Beer”, ubicado en el Centro Histórico de la capital poblana.
En el operativo, realizado al mediodía del pasado viernes, se logró además la detención de Ángel N., presunto responsable de la trata de personas.
El establecimiento señalado, ubicado en el número 705 de la calle 5 Poniente y 7 Sur, fue intervenido tras una denuncia que alertaba sobre posibles actividades de explotación sexual.
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Las investigaciones revelaron que la víctima, identificada como K.N., comenzó a trabajar en dicho bar en septiembre de 2024. Sin embargo, tres meses después, en diciembre, perdió contacto con su familia.
Familiares denunciaron desaparición
Desde el 10 de diciembre, la familia de K.N. intentó comunicarse con ella sin éxito. Al acudir al lugar donde trabajaba, el personal del bar les negó acceso, impidiéndoles verificar su situación. Ante la incertidumbre, la madre de la joven presentó una denuncia, lo que desencadenó la intervención de las autoridades.
Protocolo de atención y rescate en Barra Beer
Tras el operativo, K.N. fue rescatada y separada del presunto tratante. La Fiscalía activó el Protocolo de Atención a Víctimas de Trata de Personas, garantizando su protección y atención integral.
La joven recibió apoyo psicológico y acompañamiento especializado para estabilizarla emocionalmente y evitar secuelas psicológicas.
“Se busca garantizar una justicia equitativa y restaurativa para la víctima, evitando cualquier forma de revictimización”, destacó la FGE en un comunicado.
Ángel N., señalado como el responsable de mantener privada de su libertad a K.N. y de obligarla a ejercer la prostitución, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.
Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar su posible participación en otros delitos relacionados con la trata de personas.
Este caso resalta la importancia de la denuncia ciudadana para combatir delitos como la trata, así como el compromiso de las autoridades para proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.
