El gobierno de Puebla pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 2 mil 600 millones de pesos por irregularidades que datan de la administración de Rafael Moreno Valle Rosas.
Al mes, el gobierno estatal pagó entre 20 y 30 millones de pesos por litigar el caso, pues no cubrir las obligaciones fiscales deriva en un acto penal.
En conferencia, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina informó que el 5 de abril pagaron un total de 2 mil 600 millones de pesos.
Aseveró que ya identificaron a los responsables y los periodos en que ocurrieron las irregularidades, por lo cual llegarán hasta las últimas consecuencias.
Además, anunció que acudirán a la Secretaría de Hacienda y a la federación para solicitar más recursos públicos y generar mejores condiciones para el estado.
“Por un manejo indebido, un descuido, una falta de pago, no sé si a propósito o no, pero sí con una intención que lacera y lástima al estado”, dijo Céspedes.
En 2015 gobierno de Moreno Valle contrató despacho
Por su parte, la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro explicó que en 2015 el entonces gobierno, de Moreno Valle, contrató un despacho de asesoría fiscal y recomendaron hacer una gestión ante el SAT.
Pidieron la devolución de impuestos que se generaron en 2009 y 2010.
A finales del 2015 se devolvió una parte y en los primeros meses de 2016 otro tanto, por lo que en suma se regresaron 702 millones de pesos.
Además, al despacho se le pagó un porcentaje de esos 702 millones de pesos, es decir, un bono por caso de éxito.
Sin embargo, en 2018 el SAT dijo que la devolución fue incorrecta, ya que se sustentó en una disposición retroactiva.
Esto, ya que las gestiones que hizo el gobierno en 2015 se sustentaron en una disposición del 2008.
“Hicimos retroactiva una disposición cuando todavía el gobierno ni siquiera estaba adherido a las disposiciones fiscales, Puebla se adhiere a estas gestiones hasta el 2011”, explicó.
Al no existir legalidad, el SAT tomó el acto como de dolo, por lo que determinó un crédito fiscal, lo que derivó en un litigio que inició en 2018 hasta la fecha.
En suma, el gobierno pagó 2 mil 600 millones de pesos, con el fin de no heredar conflictos ni desequilibrios financieros en las futuras generaciones.
“La realidad es que no importa cuánto litiguemos, fue sustentado en un acto que no correspondía a las gestiones correspondientes, se sustenta en una norma que es retroactiva y no hay forma de que se pueda ganar”, agregó Castro Corro.
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