La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la vinculación a proceso de Marilyn Cote, ciudadana originaria de Tlaxcala, quien enfrenta acusaciones por usurpación de profesión y falsificación de documentos.Marilyn Cote vinculada a proceso
Durante una audiencia de más de cinco horas, el juez de control calificó de legal su detención y determinó prisión preventiva justificada como medida cautelar, otorgando dos meses para la investigación complementaria.
Marilyn Cote vinculada a proceso
Detalles del caso
La audiencia, celebrada este viernes, marcó el primer enfrentamiento de Cote con la justicia. Llegó al tribunal alrededor de las 10:00 horas y salió escoltada a las 18:30 horas por tres unidades de la policía estatal y tres vehículos de la Fiscalía.
Entre las pruebas presentadas en su contra se incluyen documentos falsificados y títulos apócrifos encontrados en su consultorio en Torres Médicas, durante un cateo realizado hace dos semanas.
Dichos documentos supuestamente avalaban que era doctora en Neurociencias y experta en Neuropsicología, con diversos diplomados y doctorados, lo que le habría permitido recetar medicamentos controlados a pacientes desde hace varios años.
No obstante, registros oficiales revelan que Marilyn Cote solo posee una licenciatura en Derecho y una maestría en Criminalística, lo cual no la faculta para ejercer como psiquiatra ni para prescribir tratamientos médicos.
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Origen de las denuncias
El caso de Marilyn Cote cobró notoriedad tras denuncias surgidas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la veracidad de sus credenciales.
En su página web y redes sociales, la acusada aseguraba contar con experiencia en la Unidad de Análisis de Conducta del FBI en Quantico, Virginia, y afirmaba poder tratar enfermedades como la depresión y ansiedad en tan solo una semana.
Entre los indicios encontrados durante su detención también se señala la alteración de fotografías en documentos oficiales, incluyendo una licencia de conducir.
Repercusión mediática y proceso legal
El caso de Cote alcanzó una amplia difusión en plataformas digitales, generando presión social que llevó a las autoridades a investigar su situación.
Actualmente, enfrenta nueve denuncias en su contra y permanece en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.
Las autoridades tienen dos meses para recabar evidencia adicional que sustente los cargos de usurpación de profesión y falsificación de documentos, delitos que podrían derivar en sanciones severas en caso de que se confirme su culpabilidad.
Este caso pone en evidencia la importancia de verificar las credenciales de los profesionales de la salud, así como el impacto de las redes sociales en la denuncia de posibles delitos.