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Liberan a Francisco Romero, tras juicio por violencia familiar

Liberan a Francisco Romero, tras juicio por violencia familiar

Francisco Romero Serrano.

Francisco Romero Serrano, ex auditor superior de Puebla, sale de la cárcel; lo liberan después de estar dos años en prisión preventiva.

Liberan al ex auditor Francisco Romero Serrano el día de hoy, martes 25 de junio de 2024.

Romero Serrano enfrentó un juicio que se extendió por más de dos años debido a acusaciones por violencia familiar y otros delitos.

Después de una audiencia celebrada esta mañana en el Poder Judicial de Puebla, un juez decidió modificar las medidas cautelares que lo mantenían en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puebla.

A partir de ahora, Romero Serrano solo deberá presentarse para firmar de manera periódica cada mes.

Se le ha prohibido salir del estado, ya que continúan las investigaciones en su contra.

Estas medidas sustituyen la reclusión que comenzó el 25 de febrero de 2022, cuando arrestaron a la persona por supuestamente agredir verbalmente a un menor y a su expareja en San Andrés Cholula.

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Durante su periodo como titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, también se le acusó de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculadas a su gestión en el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta.

La única excepción a su encarcelamiento ocurrió en octubre de 2023, cuando se le permitió asistir al funeral de su madre.

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Esta liberación marca un cambio significativo en el proceso judicial que ha mantenido a Francisco Romero Serrano bajo custodia durante más de dos años.

¿Por qué Romero Serrano estaba en la cárcel?

Francisco Romero Serrano habría cometido el delito de violencia familiar contra el hijo de su pareja sentimental en 2021, según las acusaciones.

Fue arrestado por agentes de la Fiscalía en su residencia en La Vista Country Club al año siguiente.

El 31 de marzo de 2022, el Congreso del Estado de Puebla lo destituyó oficialmente de su cargo como auditor superior, debido a estos cargos y a acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI).

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