El diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, presentó la “Ley que Establece los Derechos para el Libre Ejercicio del Periodismo”, una propuesta que busca regular el comportamiento de los periodistas en Puebla.
La reciente propuesta de ley del diputado morenista Andrés Villegas Mendoza ha desatado un debate en el gremio periodístico y en la opinión pública.
Aunque el legislador la presenta como una herramienta para garantizar los derechos de los periodistas, su contenido sugiere un intento por controlar la prensa.
La Ley establece lineamientos éticos y sanciones que podrían limitar la libertad de expresión.
Uno de los puntos más controversiales de la propuesta es la regulación del comportamiento ético de los periodistas, prohibiéndoles incurrir en “errores voluntarios” o “tergiversar información”.
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No obstante, el documento no especifica cómo se determinará la intencionalidad o quién será el juez de la veracidad de las noticias.
Esta falta de claridad deja abierta la puerta a interpretaciones discrecionales que podrían utilizarse para amordazar a medios críticos.
La Ley Villegas protegerá la privacidad de los Funcionarios Públicos
Otro aspecto preocupante es la protección de la vida privada de los funcionarios públicos, quienes, por su carácter de servidores, deberían estar sujetos a un mayor escrutinio ciudadano.
La propuesta permite sanciones civiles contra periodistas si se considera que han dañado la reputación de una figura pública, lo que podría desalentar investigaciones sobre corrupción o abuso de poder.
Falta de consulta al Gremio Periodístico
Además, Villegas aseguró que periodistas participaron en la redacción de la iniciativa, pero no hay evidencia de consultas amplias al gremio, lo que genera dudas sobre su legitimidad.
Muchos miembros de la prensa en Puebla desconocían la propuesta hasta el último momento, lo que plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la legitimidad de la iniciativa.
Ley Villegas: Un paso hacia la censura
Más que proteger la libertad de prensa, esta ley parece encaminarse a restringirla. Su ambigüedad y posibilidad de uso arbitrario plantean el riesgo de convertirla en un instrumento de censura.
El Congreso debe revisar a fondo esta iniciativa para evitar que se convierta en una ley mordaza disfrazada de garantía de derechos.
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