La diputada del PT, Nora Merino Escamilla, hizo un llamado urgente al Congreso Local para aprobar en el presente mes la Ley 3 de 3
Con el fin de evitar que deudores alimentarios, violentadores familiares y políticos involucrados en violencia de género puedan participar en el proceso electoral de 2024.
La iniciativa de la Ley 3 de 3 fue presentada en el Congreso Local el pasado 15 de marzo
Su versión a nivel federal fue aprobada por el Senado de la República en abril de este año.
La diputada destacó la importancia de agilizar el proceso legislativo y enfocarse en las iniciativas que ya se encuentran sobre la mesa en comisiones
Como la Ley Sabina y la Ley 3 de 3.
En colaboración con la diputada morenista Daniela Mier, Nora Merino ha llevado a cabo mesas de trabajo con la participación de colectivos que respaldan la Ley 3 de 3.
Según la diputada, la iniciativa “está lista” para ser aprobada, primero en su dictamen y posteriormente ante el Pleno del Congreso Local.
La Ley 3 de 3 en el ámbito local contendría especificaciones clave.
- En el artículo 36, en su Fracción III, se establece la necesidad de contar con buena reputación y no haber sido condenado por violencia política de género, ser deudor alimentario o violentador familiar.
- El artículo 74, en su Fracción VI, también requiere buena reputación y prohíbe haber sido condenado por violencia política de género, ser deudor alimentario o violentador familiar.
- Además, el artículo 89, en su Fracción IV, establece que el candidato debe tener buena reputación y no haber sido condenado por delitos que merezcan una pena corporal superior a un año de prisión.
Sin embargo, en casos de robo, fraude, abuso de confianza, violencia política de género, violencia familiar y deudor alimentario, se inhabilitará para el cargo
Independientemente de la duración de la pena.
La aprobación de la Ley 3 de 3 en el Estado de Puebla se considera un paso crucial hacia el fortalecimiento de la ética y la transparencia en la política estatal, así como para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en el estado.
La implementación de esta ley garantizaría que los servidores públicos y representantes de elección popular cumplan con los requisitos éticos y morales necesarios
Promoviendo así la confianza y la integridad en la vida política del estado.
