Jesús Zaldívar afirma en un comunicado que la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa “NO es definitiva” y que apelará para demostrar su inocencia.
Luego que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) inhabilitó por 15 años a Jesús Zaldívar Benavides, el panista aseguró en un comunicado que la sentencia en su contra no está firme.
La sanción impuesta por la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del TJA incluye, además, una multa de 30.5 millones de pesos y el pago de daños y perjuicios a la hacienda estatal por más de 30.13 millones de pesos.
Esto surge a raíz de un juicio administrativo por supuesto desvío de recursos públicos y abuso de autoridad, iniciado en tiempos del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta en 2019.
El daño a la administración pública habría ocurrido durante su paso por la Dirección del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla (Conalep).
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Jesús Zaldívar insistió en que su apelación a la sentencia de inhabilitación ante el Tribunal de Justicia Administrativa se basa en que jamás se acreditó el delito de desviación de recursos.
El panista aseguró que el proceso administrativo no demuestra que los 30 millones recibidos por el Conalep se hayan utilizado para un propósito distinto al enunciado en los contratos.
Tampoco se ha podido acreditar que el dinero esté en una cuenta personal perteneciente a Zaldívar, ni que el supuesto desvío lo haya beneficiado.
Jesús Zaldívar consideró que el Tribunal de Justicia Administrativa cometió “violaciones de fondo”, ya que no se acreditaron ni corroboraron los hechos para emitir la sentencia de inhabilitación.
Respuesta de Jesús Zaldívar en Comunicado
Con respecto a distintas notas periodísticas que dan cuenta de una resolución por parte del Tribunal de Justicia Administrativa en mi contra, informo lo siguiente:
PRIMERO: Dicha resolución NO es definitiva. Haré valer todos los argumentos y medios de prueba con los que cuento, en las siguientes instancias.
Manifiesto que con fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro, presenté recurso de apelación.
Mismo que deberá conocer y resolver el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla.
SEGUNDO: Es lamentable que en México, una persona -como es mi caso- tenga que estar demostrando su inocencia.
En vez de que la autoridad que me acusa, pueda “probar” mi responsabilidad.
Informo que la funcionaria que se encargó de la investigación no acreditó su legitimación ni competencia para tener la calidad de autoridad investigadora en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla, en la sentencia impugnada, cometió en perjuicio del suscrito violaciones de fondo.
Como es que los hechos atribuidos al presunto responsable no actualizan la conducta infractora contenida en el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (desvío de recursos públicos).
“La Sala Especializada hizo un indebido análisis de los hechos imputados a mi persona”
Los mismos no constituyen una falta administrativa calificada como grave.
Toda vez que en el expediente administrativo obran los cuarenta y cuatro comprobantes fiscales digitales correspondientes a las obligaciones contractuales establecidas con los diferentes prestadores y/o proveedores con quienes se firmaron los instrumentos jurídicos.
TERCERO: Sostengo que mi actuar como servidor público siempre fue apegado al marco normativo. Como lo he expresado en reiteradas ocasiones, el derecho NO tiene que estar condicionado a las coyunturas ni definiciones políticas. Confío en que la justicia y la razón prevalecerán. Los mantendré al tanto.
Procesos en contra de Jesús Zaldívar
Jesús Zaldívar mantiene el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa en el que se le inhabilitó por 15 años.
Además, se le sentenció a pagar una multa e indemnización por un monto total de 60.63 millones de pesos.
Además, existe otro proceso por los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documentos, reactivado en febrero de 2024.
En ese entonces, el dirigente municipal del PAN acusó a la Fiscalía de Puebla de reactivar un proceso por abuso de autoridad del 2019.
