La familia de Cecilia Monzón ha alertado sobre nuevas estrategias de la defensa de Javier N., acusado de violencia familiar contra la mencionada víctima, para retrasar el proceso judicial y obtener su liberación.
En el marco del juicio en curso desde el 17 de abril de 2024, la defensa ha solicitado una valoración criminológica de los factores de riesgo y protección.
Esto con el objetivo de argumentar un supuesto bajo riesgo del acusado hacia las víctimas y la sociedad, buscando así la revisión de la medida de prisión preventiva que pesa sobre él.
La solicitud de esta valoración, admitida por el Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la región judicial centro de la ciudad de Puebla, ha generado preocupación tanto en la Fiscalía General de Puebla como en la asesoría jurídica de la familia Monzón, quienes se oponen a la elaboración del perfil criminológico en este momento procesal.
Argumentan que esta acción no solo implica riesgos al permitir el ingreso de una persona perita con medios materiales que pueden entrañar peligro.
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Sino que también cuestionan la pertinencia de este perfil mientras el juicio está en curso.
Ante esta situación, la Fiscalía General de Puebla y la asesoría jurídica de la familia Monzón han solicitado a la Juez de Oralidad Penal de la Región Centro-Poniente, Doña Liszet del Carmen Fuentes Trueba, la celebración inmediata de una audiencia de revisión de la medida de prisión preventiva justificada contra Javier N., con el fin de evitar su liberación y garantizar el desarrollo adecuado del juicio en curso.
Además, en relación con el caso de feminicidio en el que están involucrados Javier N. y Jair N., también solicitados por la Fiscalía General de Puebla, se ha pedido una audiencia similar para revisar la medida de prisión preventiva.
Este pedido surge después de dos años desde su vinculación al caso, sin que haya habido una condena definitiva.
La audiencia se llevará a cabo hoy, ante el Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, D. David Rodríguez González.
La familia Monzón y las autoridades reiteran su llamado al Poder Judicial del Estado para actuar con independencia, celeridad y perspectiva de género, con el objetivo de evitar revictimizaciones y velar por la seguridad de todas las partes involucradas, especialmente las víctimas y su representación legal.
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