En redes sociales se criticó la participación de la abogada Norma Pimentel Méndez en un evento del IEE, pues está señalada de cometer violencia laboral contra personal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género.
La consultora Ruby Soriano calificó de incongruente al Instituto Electoral del Estado (IEE) por invitar a Pimentel como moderadora de la mesa de análisis “Plan de fortalecimiento para la prevención de violencia política en razón de género”.
“Aplausos Señoras…pero aplausos ahogados por su incongruencia!!! Con qué facilidad se les olvida en Puebla quienes han sido señaladas o llevan denuncias por violencia de género. Es justo de lo que estamos hartas las mujeres en Puebla. @AmericaRosasTap @Puebla_IEE @malinalligr”, criticó.
La exdiputada local Malinalli García también cuestionó la incongruencia del IEE por invitar a Pimentel Méndez al evento, pese a que está señalada de violencia.
“Solo que debe haber congruencia y si es una mesa de análisis de un tema de violencia de género, no hacer partícipe del evento a alguien que está señalada por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla de ejercer violencia contra sus excolaboradores”, señaló.
La mesa de análisis se realizará el miércoles 25 de enero con la participación de la consejera presidenta del IEE, Blanca Cruz García; la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, y la secretaria de Igualdad Sustantiva del gobierno estatal, América Rosas Tapia.
Pimentel cometió violencia laboral: CDH
El 19 de diciembre de 2022 la Comisión de Derechos Humanos (CDH) emitió las recomendaciones 29/2022 y 30/2022 al ayuntamiento de Puebla.
Esto, pues se determinó que Norma Pimentel cometió violencia laboral contra personal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, de la que fue titular en la administración de la morenista Claudia Rivera Vivanco.
La administración de Eduardo Rivera Pérez, a través de la Contraloría Municipal, deberá iniciar el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa contra las personas servidoras públicas que intervinieron en los hechos.
