La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, la iniciativa promovida por la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Julieta Vences Valencia para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de establecer mecanismos para prevenir y erradicar la discriminación laboral por embarazo.
El dictamen precisa que constituirá discriminación laboral y docente los actos u omisiones en contra de una mujer, en razón del embarazo, ya que vulnera sus derechos a la igualdad, a la maternidad, al embarazo o a la lactancia.
Además, señala que constituye violencia laboral la discriminación, distinción, exclusión o restricción en contra de una mujer solicitante de empleo o empleada, en razón de su maternidad, embarazo o lactancia.
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Desde tribuna para fundamentar el dictamen, la legisladora por Morena destacó que, con esta reforma, se reconocerá a estas mujeres en su calidad de víctimas y se obligará a las instituciones de los tres órdenes de gobierno para que emitan las órdenes de protección necesarias.
De esta manera, abundó, podrán acceder de manera gratuita a los servicios de atención legal y de salud, incluyendo los servicios de salud mental.
“Las mujeres trabajadoras requieren de todo el acompañamiento del Estado para que ningún caso quede impune y, sobre todo, para garantizar la no repetición de este tipo de violencia”, demandó.
Asimismo, precisó, con este proyecto de ley se establece que las 32 entidades federativas deberán de especializar a sus agentes del Ministerio Público y peritos en materia de discriminación cometida por motivos de embarazo, maternidad o lactancia.
“Debemos hacer visible a este tipo de violencia porque ante un despido injustificado es muy difícil acreditar esta circunstancia ante los tribunales. La mayoría de las mujeres denuncia estos hechos como si se tratara de un despido injustificado, cuando en realidad están siendo víctimas de discriminación por embarazo y esto está ya tipificado por el Código Penal Federal”, denunció.
La enmienda también faculta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para realizar las acciones necesarias, a fin de que las autoridades competentes lleven a cabo registros homologados, confiables y desagregados sobre casos de discriminación, permitiendo identificar el tipo de conducta de que se trata, los derechos que se vulneraron y el perfil del agresor.
De igual forma, establece que se deberán elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, particularmente cuando sea cometida por motivos de embarazo, maternidad o lactancia, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual.
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