El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, ha solicitado a la actual legislatura del Congreso estatal que cite a comparecer al director de Agua de Puebla, Héctor Durán Díaz, para que rinda cuentas sobre las inversiones realizadas por la concesionaria del suministro de agua potable, particularmente después de la solicitud de ampliación de la concesión por 10 años.
Armenta subrayó que el Congreso, como órgano fiscalizador, tiene la obligación de pedir a la empresa que detalle sus acciones.
En este contexto, Armenta mencionó que si la legislatura en funciones no alcanza a realizar la comparecencia, la responsabilidad recaerá en la próxima, que tomará posesión el 15 de septiembre.
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Durante el proceso de transición con la administración actual de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se citó al director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), Gustavo Gaytán, quien informó que Agua de Puebla debe cumplir con las inversiones comprometidas antes de diciembre.
El gobernador electo también reveló que el contrato de concesión ha sufrido diversas modificaciones desde su aprobación original en 2014, durante el mandato de Rafael Moreno Valle Rosas, y ha sido respaldado por municipios como Puebla, donde Eduardo Rivera Pérez era el alcalde.
Armenta señaló que se mantendrá vigilante para asegurar que se respeten los compromisos pactados en la prestación del servicio.
¿Seguirá Agua de Puebla operando bajo el mandato de Armenta?
Ante el mal manejo señalado por diversos actores, surge la duda sobre si Agua de Puebla continuará operando bajo la próxima administración. Armenta advirtió que cancelar el contrato con la concesionaria implicaría llevar el litigio hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En ese escenario, el gobierno estatal correría el riesgo de perder el caso, lo que obligaría a la administración a pagar alrededor de 8 mil millones de pesos en indemnizaciones a la empresa, además de otras penalizaciones económicas.
Este posible resarcimiento triplicaría los 3 mil millones de pesos que Agua de Puebla ha invertido en la operación del suministro, lo que genera dudas sobre el futuro del servicio y las posibles consecuencias financieras para el estado.
La situación plantea un reto para la próxima administración, que deberá evaluar cuidadosamente los riesgos y beneficios de mantener o rescindir la concesión a Agua de Puebla, mientras se asegura de que las inversiones comprometidas se realicen y el servicio se preste adecuadamente a la ciudadanía.