México atraviesa una de las épocas más sombrías de su historia moderna, marcada por la omnipresencia del crimen organizado que ha permeado todos los rincones del país.
Desde el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006, impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón, el panorama de seguridad se ha deteriorado hasta niveles críticos, dejando tras de sí un saldo de sangre, desolación y una sociedad fragmentada. Los cárteles, lejos de debilitarse, han evolucionado en sofisticadas redes criminales que no solo trafican drogas, sino que extorsionan, secuestran, controlan territorios y desafían al Estado mismo, mientras la impunidad reina en un sistema que parece incapaz de contener la hemorragia.
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Una escalada de violencia producto del crímen organizado en México
Los números son demoledores. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2006 y 2021 se registraron aproximadamente 350,000 asesinatos en México, un promedio de 70 muertes diarias durante 15 años. A esto se suman más de 72,000 personas desaparecidas en el mismo periodo, de acuerdo con cifras oficiales hasta mayo de 2021, aunque organizaciones civiles estiman que la cifra real podría superar los 100,000.
El sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que prometió pacificar al país con su estrategia de “abrazos, no balazos”, cerró con más de 200,000 homicidios, según estimaciones basadas en reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esto representa un aumento significativo respecto a administraciones previas, consolidando a México como uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios que ronda los 28 por cada 100,000 habitantes, casi cinco veces el promedio global.
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El año 2017 marcó un punto de inflexión, con 31,174 asesinatos, superando los peores momentos de la “guerra contra el narco” de Calderón. Desde entonces, la violencia no ha hecho más que escalar. En 2021, el Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala (UCDP) reportó 18,783 muertes por violencia no estatal, impulsadas en gran medida por enfrentamientos entre cárteles. Guanajuato, Sinaloa, Jalisco y Michoacán se han convertido en epicentros de esta carnicería, donde la disputa por el control de rutas de droga, mercados locales y economías ilícitas deja cuerpos en las calles y fosas clandestinas repletas de restos sin identificar.
¿Es Teuchitlán la fosa clandestina más grande de la historia de México?
— apartadomex (@ApartadoMex) March 8, 2025
El hallazgo del "Rancho de Exterminio" en Teuchitlán, Jalisco, ha sacudido al país: 3 hornos clandestinos, 400 pares de zapatos y restos óseos que podrían ser de 200 personas, según Guerreros Buscadores. pic.twitter.com/C57vbU3hBA
La evolución de los cárteles: de narcos a imperios criminales
Los cárteles mexicanos han dejado de ser meras organizaciones dedicadas al tráfico de drogas para convertirse en conglomerados criminales multifacéticos. El Cártel de Sinaloa, liderado históricamente por Joaquín “El Chapo” Guzmán hasta su extradición en 2017, y ahora bajo el mando de Ismael “El Mayo” Zambada, sigue siendo una de las estructuras más poderosas del hemisferio occidental.
A pesar de la captura de Guzmán, la organización opera como una red descentralizada, traficando fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos, mientras extiende sus tentáculos a actividades como la extorsión y el tráfico de personas. Aunque esto lo niega el Gobierno Federal asegura que está combatiendo la producción de fentanilo en territorio nacional.
El CJNG, Los Zetas y otros cárteles también han abonado a la crisis de seguridad
Por su parte, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ha emergido como una fuerza devastadora. Desde su ruptura con el Cártel de Sinaloa en 2017, el CJNG se ha expandido a 28 de los 32 estados mexicanos, según el Mexico Peace Index. Su poderío militar, con armamento de alto calibre y tácticas paramilitares, lo ha convertido en un enemigo formidable no solo para sus rivales, sino para las fuerzas del orden. En 2021, los enfrentamientos entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa fueron responsables del 26% de las muertes por conflictos entre cárteles, unas 4,890 víctimas.
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Otros grupos, como Los Zetas, el Cártel del Golfo y la Familia Michoacana, han visto sus estructuras fragmentarse tras la captura o muerte de sus líderes, pero sus células remanentes siguen sembrando terror. La estrategia del gobierno mexicano y estadounidense de atacar a los “capos” –la llamada “kingpin strategy”– ha resultado en la detención de figuras como Rafael Caro Quintero, extraditado en 2024 bajo presión de Donald Trump, y más de 100 de los 129 objetivos prioritarios identificados por la PGR en 2015. Sin embargo, lejos de debilitar al crimen organizado, esta táctica ha provocado una atomización que multiplica las bandas y agrava la violencia. Hoy, se estima que operan al menos nueve cárteles mayores y más de 200 células delictivas en el país.
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Más allá de las drogas: un imperio económico criminal
El crimen organizado ya no depende únicamente del narcotráfico. Un estudio de la UNAM en 2024 estimó que las ganancias ilícitas en México ascienden a 33,000 millones de dólares anuales, provenientes de actividades como la extorsión, el robo de combustible (“huachicol”), la trata de personas, la pesca ilegal y el comercio de productos agrícolas y tabaco en el mercado negro. En Michoacán, el CJNG y Cárteles Unidos luchan por el control de la industria aguacatera, extorsionando a productores y exportadores. En Guerrero, la disputa por rutas de comercio ilegal y territorios indígenas ha convertido a Chiapas en un nuevo campo de batalla.
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El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, ha disparado las ganancias de los cárteles y las muertes por sobredosis en ambos lados de la frontera. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reportaron que en 2022 los opioides sintéticos estuvieron implicados en más de 108,000 fallecimientos, la mayoría vinculados a droga producida en México. Mientras tanto, el mercado interno de drogas en el país también crece, con un aumento sostenido de delitos de narcomenudeo desde 2016, según el Mexico Peace Index.
Capos: los rostros de la impunidad
Los cárteles han pasado de ser bandas de narcos a imperios criminales diversificados. El Cártel de Sinaloa, golpeado por la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2017 y la detención de Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024 en Texas, se fracturó en una guerra interna entre “Los Mayos” y “Los Chapitos”. Este conflicto dejó más de 400 asesinatos en Sinaloa entre agosto y octubre de 2024, según The Washington Post, y sigue desangrando la región en 2025. Mientras tanto, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio “El Mencho” Oseguera –aún prófugo–, controla 28 de los 32 estados, según el Mexico Peace Index 2024, con un poder militar que rivaliza con el ejército.
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La estrategia de capturar capos, conocida como “kingpin strategy”, ha generado más fragmentación que soluciones. El 27 de febrero de 2025, México extraditó a Rafael Caro Quintero y otros 28 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos. En un operativo histórico bajo presión de Donald Trump, quien asumió la presidencia el 20 de enero de 2025 y amenazó con tarifas del 25% a importaciones mexicanas. Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, llegó a Nueva York escoltado por agentes del FBI, marcando la historia de la cooperación bilateral. Sin embargo, se estima que operan aún nueve cárteles mayores y más de 200 células delictivas.
México entre el dolor y los costos sociales que deja el crimen organizado
El impacto del crimen organizado trasciende las estadísticas en México. Comunidades enteras han sido desplazadas por la violencia, con más de 50,000 personas forzadas a abandonar sus hogares en el sexenio de López Obrador, según posts en X y reportes periodísticos. Las fosas clandestinas, como las halladas en Chihuahua y San Luis Potosí en 2024, son un recordatorio macabro de la magnitud del problema. En Sinaloa, la guerra interna del cártel homónimo dejó 507 asesinatos en solo tres meses a fines de 2024, un alza del 296% respecto al año anterior, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.
La militarización, intensificada con la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa en 2024, no ha frenado la violencia. Incidentes como el asesinato de seis migrantes por militares en Chiapas en octubre de 2024 han alimentado la desconfianza hacia las fuerzas armadas. Mientras tanto, la impunidad, que ronda el 95% para todos los delitos, envía un mensaje claro: el crimen manda.
El fracaso de los programas sociales frente al crimen organizado en México
Los programas sociales, promovidos como una alternativa para combatir las raíces del crimen organizado en México, han demostrado ser insuficientes ante la magnitud y complejidad del problema. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), iniciativas como “Jóvenes Construyendo el Futuro” buscaron ofrecer oportunidades laborales y educativas a sectores vulnerables. Tuvo una inversión de más de 112,000 millones de pesos entre 2019 y 2023, según datos de la Secretaría del Bienestar.
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La premisa era simple: alejar a la juventud del reclutamiento de los cárteles mediante becas y capacitación. Sin embargo, la violencia no cedió; al contrario, el país registró más de 200,000 homicidios en ese periodo, según el SESNSP. La falta de coordinación con estrategias de seguridad, la corrupción en la implementación y la incapacidad de competir con los ingresos rápidos que ofrecen actividades ilícitas –un sicario puede ganar entre 10,000 y 50,000 pesos mensuales, frente a los 4,310 pesos de una beca– dejaron a estos programas como paliativos simbólicos, incapaces de desmantelar las estructuras económicas y sociales que sostienen a los cárteles.
El gobierno de Sheinbaum continúa con una estrategia fallida
Por su parte, la administración de Claudia Sheinbaum, iniciada en octubre de 2024, heredó esta apuesta por los programas sociales con ajustes como el fortalecimiento de “Sembrando Vida” y la ampliación de apoyos económicos en regiones críticas como Guerrero y Michoacán. Sin embargo, los primeros meses de 2025 no muestran señales de éxito: en Sinaloa, donde el crimen organizado recrudece con enfrentamientos entre facciones del cártel local, la violencia aumentó un 296% en el último trimestre de 2024, según la Fiscalía estatal, a pesar de la presencia de estos proyectos en todo México.
El problema radica en que los programas no abordan las causas estructurales –como la impunidad del 95% en delitos y la falta de empleo formal competitivo– ni contrarrestan el control territorial de los cárteles. Estos ofrecen no solo dinero, sino protección y pertenencia en comunidades abandonadas por el Estado. Así, mientras el gobierno insiste en “atacar las causas”, el crimen organizado sigue creciendo, evidenciando que las buenas intenciones no bastan frente a un enemigo que opera con impunidad y poder económico abrumador.
Un país en jaque
México enfrenta un reto colosal. El crimen organizado no solo erosiona la autoridad del gobierno, sino que se ha incrustado en la economía, la política y la vida cotidiana. La presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el poder en octubre de 2024, heredó un país fracturado donde los cárteles controlan territorios enteros y la corrupción permea las instituciones. Su plan de seguridad, presentado en 2024, promete inteligencia y coordinación, pero el escepticismo prevalece tras décadas de estrategias fallidas.
Mientras el fentanilo cruza la frontera norte y las armas estadounidenses ingresan al sur –unas 2.5 millones en la última década–, México sigue atrapado en una guerra que no pidió, pero que no logra detener. La pregunta que resuena en las calles y en los hogares es inescapable: ¿quién manda realmente en este país? Por ahora, la respuesta parece inclinarse hacia las sombras de los cárteles, dejando al Estado en una lucha desesperada por recuperar el control de una nación al borde del abismo.
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