La disputa por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha iniciado con fuerza, evidenciando las tensiones entre las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel.

El reciente conflicto entre ambas refleja no solo un debate técnico y jurídico, sino también el trasfondo político de la próxima elección interna del máximo tribunal del país.

El enfrentamiento se desató cuando la ministra Yasmín Esquivel presentó dos proyectos de sentencia distintos para resolver un mismo caso.

Práctica que, según la ministra Lenia Batres, no está permitida ni por la Ley ni por el Reglamento Interno de la SCJN.

Batres envió un oficio solicitando que no se enlisten asuntos contradictorios, argumentando que esta práctica confunde el debate y dificulta la toma de decisiones colegiadas.

Enfrentamiento entre Lenia Batres y Yasmín Esquivel

En su escrito dirigido a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, Batres manifestó su preocupación por la posibilidad de que esta metodología obstaculice el proceso de deliberación y solicitó la intervención del Pleno para revisar esta práctica.

“Por este medio, le solicito su amable intervención a fin de que someta a consideración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el abandono de la práctica de presentar dos proyectos con sentido contradictorio al momento de someterlos a nuestra consideración durante las sesiones de Pleno y Sala”, indica el documento.

Este diferendo entre las ministras se da en un contexto clave: la próxima elección del titular de la SCJN, programada para el 1 de junio de 2025.

Esta elección forma parte de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y publicada el 15 de septiembre de 2024.

Reducción de integrantes

La cual redujo el número de integrantes de la SCJN de 11 a nueve y estableció que la presidencia será renovada cada dos años de manera rotatoria.

Además, Batres y Esquivel, junto con la ministra Loretta Ortiz Ahlf, han sido señaladas por presuntos actos anticipados de campaña para la elección judicial.

A pesar de que las campañas oficiales comenzarán hasta el 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo de 2025.

El caso en discusión es la contradicción de criterios 8/2025, que enfrenta dos resoluciones emitidas por:

  • Pleno Regional en Materias Administrativas y Civil de la Región Centro-Norte, con sede en la Ciudad de México
  • Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en Mérida.

En este caso, la SCJN debe decidir sobre la constitucionalidad del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en importaciones y enajenaciones a empresas.

Esquivel Mossa presentó dos proyectos de resolución:

El primero declarando constitucional la regla de comercio exterior y el segundo declárandola inconstitucional.

Ambos proyectos fueron listados por primera vez el 6 de febrero de 2025, pero tras la queja de Batres, fueron retirados.

Solo el proyecto que propone la constitucionalidad del cobro de impuestos fue reinsertado el 20 de febrero.

Esto, al considerar que es “congruente” con el contexto normativo vigente.

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El oficio de Batres, fechado el 17 de febrero de 2025 y dirigido a Norma Piña, enfatiza que las reglas de deliberación pública deben ser respetadas.

En él, se cita la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que solo se debe presentar un proyecto de resolución por sesión.

En caso de no alcanzar la mayoría, se formulará uno nuevo con base en los argumentos vertidos en el debate.

“El objetivo de que se vote un solo proyecto y sea returnado en caso de no alcanzar la votación para que en una siguiente sesión se discuta, se encuentra expreso en la misma norma:

Retomar los argumentos vertidos en el debate del primer proyecto para la formulación del siguiente.

Ello se hace imposible cuando se anticipa la elaboración de un proyecto alternativo sin conocer los argumentos del resto del órgano colegiado”, argumentó Batres en su escrito.

El debate sobre esta práctica será abordado en la sesión del Pleno de la SCJN del próximo jueves 27 de febrero, cuando se discutirá la contradicción de criterios.

Esta sesión podría marcar un precedente sobre la metodología de deliberación y las tensiones internas que definirán el futuro liderazgo del máximo tribunal del país.

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