El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante del partido Morena, ha propuesto una reforma que busca igualar el salario de los diputados al de los senadores, y genera indignación ciudadana
Esta medida implicaría un aumento sustancial en los salarios de los legisladores, que actualmente reciben una mensualidad de 75 mil 600 pesos mexicanos.
Frente a los 126 mil 800 pesos mensuales que perciben los senadores.
Aumento salarial para diputados genera indignación ciudadana
La propuesta ha desatado una ola de críticas entre los ciudadanos, quienes consideran el aumento injustificado, especialmente en un contexto de crisis económica y creciente desigualdad.
“Nada más están sentados”, se puede leer en numerosos comentarios de ciudadanos indignados.
Quienes sostienen que los diputados no justifican un aumento tan elevado dado el nivel de compromiso y trabajo que dedican a sus funciones.
Un residente comentó: “Ellos ahí nada más están sentados y nada más levantan el dedo y ya tuvieron su sueldo y a veces ni van.”
Este incremento de 51 mil 200 pesos mensuales para los 500 diputados no ha sido bien recibido ni siquiera por algunos de sus compañeros de bancada.
El legislador Carlos Palacios, también de Morena, se mostró reticente ante la propuesta, señalando que el salario actual de los diputados es suficiente.
“La verdad es que yo no conozco a alguien que diga en algún momento no quiero ganar más, pero yo creo que lo que ganamos, lo que percibimos como dieta, es suficiente”, expresó.
La crítica no se limita solo a la oposición, también proviene de votantes del mismo partido que ven el aumento como un despropósito.
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“El rico más rico y el pobre más pobre, no hay de otra… Es ilógico, o sea, para gente como uno trabajadora que nunca alcanzaría esos sueldos, no pues es ilógico votar por eso”, señaló un ciudadano.
Este proyecto de reforma se presenta en medio de un clima de desconfianza hacia el gobierno y en un contexto de austeridad que no parece corresponder con el aumento salarial propuesto.
A pesar de los discursos oficiales que promueven medidas de ahorro y lucha contra la desigualdad, muchos perciben este tipo de iniciativas como una contradicción en la práctica.
La reforma está programada para ser presentada en el próximo periodo ordinario de sesiones en febrero.
De ser aprobada, podría tener repercusiones tanto en las finanzas públicas como en la imagen de la labor legislativa.
La creciente ola de descontento entre los ciudadanos podría influir en el destino de la propuesta.
Pues las voces que exigen ajustes acordes a la realidad socioeconómica del país se hacen cada vez más fuertes.
