En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de México admitió que no existió un diagnóstico en reforma judicial recientemente aprobada.
La reforma ha generado un amplio debate, con diversas organizaciones civiles, colectivos de víctimas y especialistas en derechos humanos expresando su preocupación por los posibles impactos negativos de la modificación constitucional en el sistema de justicia mexicano.
Falta de diagnóstico en reforma judicial ante la CIDH
José Antonio Montero, representante del gobierno mexicano, reconoció que, a pesar de los análisis y diagnósticos previos desde 2017 sobre la necesidad de una reforma judicial, no se realizó un diagnóstico específico para la reforma en cuestión.
“No existe un diagnóstico; sin embargo, desde 2017 hay análisis, hay diagnósticos, hay artículos que establecen la necesidad de reforma al Poder Judicial”, declaró Montero ante la CIDH.
La reforma, que incluye la modificación en el proceso de elección de jueces, ha sido criticada por muchos sectores, pues se teme que incremente la politización del sistema judicial y debilite los contrapesos en el poder.
Marisol Méndez, coordinadora de incidencia de Fundación para la Justicia, subrayó que la reforma no aborda los problemas estructurales del sistema de justicia, como la impunidad que afecta a más del 90% de los delitos.
Además, señaló que la reforma no mejora las fiscalías ni amplía el acceso a la justicia.
Uno de los puntos más controvertidos es la destitución masiva de jueces prevista para los años 2025 y 2027.
De acuerdo con las cifras presentadas, al menos 346 mujeres juezas y magistradas perderán sus puestos, lo que representa un retroceso en los avances alcanzados en materia de equidad de género dentro del Poder Judicial.
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Gloria Angélica Corroy Laguna, en representación de los trabajadores del Poder Judicial, denunció que la reforma ha llevado a la desaparición de la carrera judicial y al despido masivo de empleados.
Mientras tanto, el secretario del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, Manuel Saturnino Ordóñez, solicitó que el Estado mexicano elabore un informe sobre la reforma y que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervengan para evaluar los riesgos a la independencia judicial y la división de poderes.
Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores, también criticó el proceso de la reforma, calificándolo de “sin diagnóstico y sin metodología”.
La magistrada subrayó que el discurso del gobierno sobre la liberación de delincuentes desconocía principios fundamentales del derecho, como la presunción de inocencia.
El comisionado de la CIDH, Carlos Bernal Pulido, calificó la reforma como un “ejemplo de constitucionalismo abusivo” y advirtió sobre las posibles intenciones del gobierno mexicano de desmontar los contrapesos judiciales.
“Esto es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, de constitucionalismo abusivo”, afirmó.
Además, cuestionó las razones detrás de la propuesta de elección popular de jueces, sugiriendo que esto podría aumentar la politización del sistema judicial.
Aunque la CIDH expresó su preocupación sobre la reforma, la comisionada Andrea Pochak destacó la apertura del gobierno mexicano al escrutinio internacional, aunque también lamentó la falta de autocrítica por parte del Poder Judicial en su resistencia a recibir reformas.
La CIDH aún no puede intervenir directamente en el caso hasta que se agoten todos los litigios pendientes en México.
La reforma judicial, que busca erradicar la corrupción en el sistema judicial y permitir la elección popular de jueces en 2025, continúa siendo un tema de debate y preocupación tanto en México como en la comunidad internacional.
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