La Misión de Establecimiento de los Hechos de la ONU, creada por el Consejo de Derechos Humanos para investigar las violaciones en Venezuela, ha presentado este martes un informe que acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad por persecución política.
La misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, denuncia que el aparato gubernamental está llevando a cabo una represión sistemática y coordinada contra la oposición pacífica.
Crímenes de lesa humanidad
En la presentación del informe en Ginebra, Valiñas subrayó que las acciones del gobierno venezolano no son eventos aislados.
Sino parte de un plan continuo para silenciar y reprimir a los críticos del régimen.
“Estamos observando una intensificación del aparato represivo del Estado”.
Afirmó Valiñas, añadiendo que esta represión, por su intensidad y carácter sistemático, constituye un ataque grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano.
El informe, que abarca el período del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024 y se actualizó para incluir eventos recientea.
Destaca que la crisis actual en Venezuela es la más grave en la historia reciente del país.
El documento revela que la situación ha empeorado significativamente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Con un deterioro del Estado de derecho y una pérdida de garantías judiciales.
Entre los casos documentados se incluyen 48 detenciones entre diciembre y marzo bajo cargos de conspiración.
Así como órdenes de arresto contra activistas, periodistas, opositores políticos y militares.
En julio, durante la campaña electoral, se reportaron 120 detenciones, y otras 2.000 personas fueron arrestadas tras los comicios.
Muchas de ellas menores de edad y personas con discapacidades.
La misión, que también incluye al abogado chileno Francisco Cox y a la experta argentina Patricia Tappatá, presentará oficialmente el informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo jueves.
Cox subrayó el clima de terror que vive la población y advirtió que el gobierno ha demostrado su capacidad para activar su aparato represivo a voluntad.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la misión en 2019, y su mandato fue prorrogado hasta este mes de septiembre.
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