Este viernes se cumplen tres años del colapso en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, una tragedia que cobró la vida de 26 personas y que aun no señala culpables.
En la estación Mixcoac, donde ocurrió la tragedia, se colocaron homenajes y protestas en forma de ataúd, coronas fúnebres y veladoras, recordando a las víctimas y exigiendo justicia.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades por llegar a acuerdos reparatorios y llevar a cabo procesos legales, muchas familias aún continúan su lucha en busca de responsabilidad y rendición de cuentas.
La reapertura parcial y posterior total de la Línea 12 avivó la polémica sobre la seguridad y el mantenimiento del sistema de transporte capitalino, generando preocupación entre los ciudadanos.
Familias de víctimas aún buscan justicia mientras la ciudad conmemora el trágico aniversario
En el segundo aniversario de la tragedia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se habían firmado 117 acuerdos reparatorios entre las víctimas directas e indirectas y las empresas constructoras implicadas.
Sin embargo, a día de hoy, según declaraciones del jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, este número ha ascendido a 118, instando a no politizar el dolor de las víctimas en medio de un contexto electoral.
El proceso judicial está marcado por una serie de complicaciones. El abogado Gabriel Regino, encargado de la defensa de 10 exfuncionarios, entre ellos Horcasitas, señala que, si bien están bajo investigación, no han sido imputados formalmente ni señalados con un grado de responsabilidad. Esta situación, según Regino, puede dificultar el camino hacia la “justicia” esperada por las 14 víctimas que siguen en litigio.
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Además, surge la preocupación de que, según agentes y peritos de la Fiscalía General de Justicia capitalina, la indagatoria ha experimentado un estancamiento en los últimos seis meses. A pesar de las expectativas de avance, aseguran que no hay elementos nuevos que puedan aportar al caso y que todo queda en manos de los tribunales.
En el pasado, Ulises Lara, vocero de la fiscalía y actual encargado de despacho, indicó que la vinculación a proceso era crucial para alcanzar la justicia para las víctimas, sin embargo, el paso del tiempo sin avances notorios ha aumentado la incertidumbre y la frustración entre los afectados y sus familias.
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