SEGOB advirtió a Norma Piña, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo pública la carta “confidencial” que envió el pasado 12 de diciembre a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña, donde hace de su conocimiento la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal que otorga el cambio de medida cautelar a los ocho militares vinculados con el caso Ayotzinapa.
“Atendiendo a la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, hacemos pública la carta que enviamos a la ministra Norma Piña desde el 12 de diciembre sobre la posible liberación de 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa. Ahí le advertimos del riesgo de modificar las medidas cautelares y de la trascendencia de este asunto para el Estado mexicano”, escribió la funcionaria federal a través de su cuenta de X, donde publicó imágenes de la misiva.
SEGOB advirtió a Norma Piña desde diciembre
Al inicio, el escrito firmado por Luisa María Alcalde señala la resolución adoptada el jueves 30 de noviembre de 2023 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México integrado por los Magistrados Francisco Javier Sarabia Ascencio, Juan José Olvera López y Horacio Armando Hernández Orozco (ponente), quienes estimaron fundado el agravio aducido por los 8 militares inculpados dentro de la causa penal 1/2023 del índice del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca.
Es decir, se determinó modificar y conceder la suspensión para el efecto de celebrar una nueva audiencia a fin de que se emitiera una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa decretada a los 8 militares inculpados con el caso Ayotzinapa.
FGR no impugnó resolución
Durante el proceso judicial que llevó a la liberación provisional de ocho elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) involucrados en el caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) no impugnó una resolución, y las víctimas tampoco asistieron a una audiencia, según la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed).
En el comunicado emitido por el CJF se explica que los ocho militares liberados promovieron un recurso de revisión al no estar de acuerdo con la medida cautelar que se les había impuesto, pues se les había dictado prisión preventiva justificada.
Sin embargo, la FGR no realizó ninguna impugnación a este amparo, lo que derivó en un debate de las autoridades judiciales sobre la medida impuesta, llegando a una resolución que terminó por favorecer a los militares implicados en el Caso Ayotzinapa.
Fue así que el pasado 20 de enero, los ocho militares recibieron nuevas medidas justificadas debido a que la fiscalía no aportó datos de prueba que justificaran la medida de prisión preventiva que se les había dictado anteriormente.
Nuevas medidas para los militares
Las nuevas medidas imputadas a los militares implicados en el Caso Ayotzinapa son:
- Presentación periódica quincenal ante el juzgado de distrito.
- La exhibición de una garantía económica por la cantidad de 50 mil pesos.
- La prohibición de salir del país, por lo que deben entregar el documento original de su pasaporteal juzgado.
- La prohibición de acercarse al lugar de los hechos, específicamente al estado de Guerrero.
- La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos, siempre que no afecte el derecho de defensa.
El CJF indicó que dichas medidas aseguran la continuidad del proceso penal que se instruye a los inculpados, y que de incumplirse dejan abierta posibilidad de la fiscalía se solicitar nuevamente su modificación.
La decisión permitió a los militares seguir su proceso en libertad condicional, al pagar la suma de 50 mil pesos.
Cabe recordar que aunque se les haya otorgado la liberación provisional, no quiere decir que los militares hayan sido exonerados por el delito de desaparición forzada, pues el auto de formal prisión en su contra sigue vigente, por lo que un juez aún tiene que determinar si son culpables o no.
Gobierno reacciona
La reacción del Gobierno mexicano, emitida por la Secretaría de Gobernación (Interior), llegó luego de que el pasado viernes se diera la liberación de ocho militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, tras lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este lunes con el fiscal especial para el caso Rosendo Gómez.
No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”, dijo en un comunicado el Gobierno de México.
En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) dijo el domingo pasado que iniciará un procedimiento legal en contra de la jueza Raquel Duarte que dio la libertad a estos militares.
