Por mayoría de tres votos contra dos, TEPJF rechazó queja de Zaldivar sobre el asunto, derivado de que Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de la oposición, “se returnó” a la magistrada presidenta Mónica Soto, quien elaborará un nuevo proyecto de sentencia.

Ya que Reyes Rodríguez Mondragón pidió consultar a la Suprema Corte de Justicia a quien toca analizar posibles infracciones electorales del ministro Arturo Zaldívar.

En contra de la propuesta de Rodríguez votaron Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata; a favor, el ponente y Janine Otalora.

¿Caso anticipado?

El 7 de noviembre de 2023, Zaldívar publicó un mensaje en su cuenta de “X” informando sobre su renuncia a la Suprema Corte.

Ese mismo día, Claudia Sheinbaum, entonces aspirante presidencial de Morena, informó también en redes sociales sobre una reunión que sostuvo con Zaldivar en la cual acordaron trabajar juntos para la transformación del país.

Tan solo un día después el ministro confirmó sus intenciones, pero fue hasta el 15 de noviembre cuando el Senado aceptó la renuncia de Zaldívar.

Fue por eso que Gálvez y la asociación Movimiento Político Restaurador de México A.C., presentaron denuncia ante el INE.

TEPJF rechazó queja de Zaldívar

Aseguraron que el ministro incurrió en actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos, indebido ejercicio del cargo, vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad, y equidad en la contienda en el marco del proceso electoral federal 2023-2024.

Fue el 21 de noviembre, la Unidad Tecnica de lo Contencioso Electoral del INE admitió las denuncias e inició la investigación, lo cual impugnó Zaldívar y el caso llegó al TEPJF.

Reyes propuso consultar a la SCJN sobre la autoridad competente para conocer del caso, debido a que los hechos denunciados sucedieron cuando el Senado aún no aceptaba la renuncia de Arturo Zaldívar.

El magistrado Mondragón argumentó que no existe una norma clara que defina si el Tribunal Electoral puede someter a su jurisdicción electoral a un ministro o ministra de la Suprema Corte por la supuesta responsabilidad administrativa en materia electoral.

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