En el caso judicial contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, los tribunales federales han cancelado definitivamente los cargos y la orden de aprehensión contra los empresarios Baltazar Higinio Reséndez Cantú y Juan Francisco Támez Arellano.
Ambos empresarios habían sido implicados en el supuesto lavado de 42.1 millones de pesos del ex gobernador.
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No hay suficiente evidencia para sostener la imputación
Los órganos jurisdiccionales determinaron que no existen elementos suficientes para sostener la imputación por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de ninguno de los dos empresarios.
De las tres personas acusadas por la Fiscalía General de la República (FGR), solo el ex mandatario estatal, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, mantiene vigente la imputación y está tramitando un amparo contra la orden de captura.
¿Reséndez recibió contratos?
La teoría de la FGR en esta investigación sostenía que Reséndez había recibido contratos millonarios de obra pública
Luego había transferido parte del dinero a Támez, quien habría adquirido el departamento del ex gobernador en la Ciudad de México por 42.1 millones de pesos.
Sin embargo, los tribunales han dictaminado que no existen pruebas suficientes que respalden estas acusaciones.
Reséndez fue detenido en julio de 2021 en McAllen, Texas, y deportado a México.
Sin embargo, el 6 de abril de 2023, fue liberado del Penal del Altiplano, después de que un juez de control resolviera no vincularlo a proceso por falta de pruebas.
La FGR apeló esta decisión, pero la cancelación de los cargos ha sido confirmada.
Támez Arellano nunca fue detenido
En el caso de Támez Arellano, quien nunca fue detenido, el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas ha cancelado definitivamente la orden de aprehensión
Considerando que no existen pruebas que demuestren la formación de una organización criminal para lavar dinero en favor de Cabeza de Vaca.
El expediente indicaba que el Gobierno de Tamaulipas, bajo la gestión de Cabeza de Vaca, adjudicó contratos a las empresas de Reséndez
Esto entre 2013 y 2018, por un total de 178.3 millones de pesos.
La FGR alegaba que Reséndez había transferido dinero a Támez para comprar propiedades, y que posteriormente, Támez había adquirido el departamento del ex gobernador.
Sin embargo, los tribunales han concluido que no existen pruebas de incumplimiento de contratos ni evidencia de confabulación para triangular recursos, y que los fondos en cuestión no eran ilícitos.
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