La víctima apela liberación de presunta autora intelectual mientras testigo desaparece y pruebas cuestionadas en medio de ocho años de angustia.
En un giro impactante en el caso del brutal ataque con ácido que sufrió una joven víctima, la presunta muerte del agresor principal ha sumido la investigación en una incertidumbre aún mayor.
La víctima, quien ha luchado valientemente por justicia, expresó su frustración ante la decisión de la jueza de liberar a la presunta autora intelectual por segunda vez, basándose en lo que la magistrada consideró meras presunciones.
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El caso ha suscitado una creciente falta de confianza en el sistema judicial por parte de la víctima, quien ha declarado:
“Cada día pierdo más la fe en el sistema judicial, ¿cómo es posible que no haya sido vinculada en dos ocasiones?”.
La joven confirmó su intención de apelar la resolución y responsabilizó a Katia N por cualquier daño que ella o su familia puedan sufrir en el futuro.
La incertidumbre prevalece en este caso, ya que la muerte del presunto agresor elimina la posibilidad de obtener respuestas directas sobre quién ordenó el ataque con ácido.
Los ojos de la opinión pública y de los defensores de los derechos humanos permanecen atentos.
Esto a medida que este caso continúa desarrollándose en medio de desafíos legales y emocionales.
Leslie Moreno aún teme por su vida
Tras ocho años de un proceso penal infructuoso, con amenazas y cicatrices por el ataque con ácido, Leslie Moreno manifestó su miedo porque la presunta autora intelectual está libre, además que teme por la integridad del testigo que está desaparecido.
Lo anterior, luego que la jueza Karina Vértiz Marín no vinculó a proceso a Katia ‘N’, señalada como autora intelectual de la agresión con ácido muriático a la víctima en 2015.
“Llevo ocho largos y tortuosos años donde yo he vivido con miedo, amenazada por una delincuente que goza de poder económico”, expresó.
En conferencia de prensa, Leslie indicó que la jueza mencionó que no podía vincular a proceso a Katia puesto a que lo manifestado por la víctima eran meras presunciones.
“Meras suposiciones, las cicatrices que tengo de quemaduras graves en cuello, brazo, tronco que diario me recuerdan la tortura que he vivido por ocho años”, reprochó.
Dio a conocer que se promoverá un recurso de apelación contra la decisión de la jueza, ya que esta es la segunda vez que no se vincula a proceso a la agresora pese a las pruebas presentadas, la primera fue en marzo de este año.
Temen por integridad del testigo
“Ahora está pasando algo muy grave, desde el día del reconocimiento (el testigo) no aparece, está en calidad de desaparecido y esto es sumamente grave”, manifestó.
Recordó que desde que liberaron a Katia en marzo, la hizo responsable por cualquier situación que le sucediera a ella, sus seres queridos o al testigo.
Detalló que a Katia la liberaron en marzo y el testigo manifestó en abril que lo estaban amenazando y proporcionó un número de teléfono que no se ha investigado.
También hizo responsable al juez David Adrián Martínez Santiago por la desaparición del testigo, ya que fue él quien liberó a la imputada en marzo, al no validar el reconocimiento hecho al autor material por medio de fotografía y ordenó hacerlo de manera presencial.
El juez da por acreditado el intento de homicidio, acredita la premeditación, pero argumenta que esa prueba de reconocimiento en fotografía era ilícita y que se tenía que subsanar”, recordó.
Tras el reconocimiento de forma física liberaron una orden de aprehensión, pero por un amparo no se puede ejecutar. Hasta el 16 de agosto fue la audiencia inicial con continuación el 22 del mismo mes, donde tampoco vincularon a proceso a Katia.
Además, durante la audiencia del 22 de agosto la víctima se enteró que la defensa presentó un acta de defunción del autor material José Luis L.E., que era agente ministerial en agosto de 2015 cuando la atacó con ácido.
Señaló que la jueza Karina Vértiz dio como válido ese certificado de defunción sin siquiera haberse realizado una investigación que verificara la autenticidad de esa acta.
Leslie Moreno es impulsora de la Ley Ácida en Hidalgo, lamentó los actos de corrupción por varios años en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), así como las resoluciones de los jueces en favor de la autora intelectual del intento de homicidio en grado de tentativa y no de la víctima.
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