Con la Ley de Amnistía, el Presidente podrá liberar a criminales que hayan cometido delitos graves.
El Senado de México aprobó la reforma de la Ley de Amnistía, ampliando el poder del presidente para otorgar amnistía a cambio de información sobre casos cruciales para el Estado.
Esta medida, respaldada por 67 votos a favor y 32 en contra, ha generado un intenso debate. Los defensores argumentan que facilitará la obtención de información vital para esclarecer crímenes graves, como los ocurridos en Iguala, Ayotzinapa y otros lugares.
Pero la oposición critica la reforma por considerarla una facultad presidencial para liberar a criminales condenados por delitos graves, como narcotráfico, secuestro y abuso sexual.
El autor de la reforma, Ricardo Monreal, enfatizó su objetivo de buscar la verdad y la claridad en casos relevantes para el Estado mexicano.
El perredista Emilio Álvarez Icaza, denuncia posibles pactos oscuros y farsas, acusando a los defensores de la medida de ser cómplices de la impunidad.
¿Qué dice la Ley de la Amnistía?
La reforma ordena que: “Por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo federal, se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento”.
Precisa que el mandatario federal aplicará la amnistía que él considere, “a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano”
Preocupación por la manipulación de la justicia
Este cambio suscita preocupaciones sobre la manipulación de la justicia y la perpetuación de la impunidad.
Además, la reforma ha avivado la discusión sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial mexicano.
Mientras que algunos ven esta medida como una oportunidad para esclarecer crímenes impunes y obtener justicia para las víctimas, otros temen que pueda ser utilizada como un instrumento para negociar impunidad a cambio de información selectiva.
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La polémica pone de manifiesto la necesidad de establecer mecanismos de control para garantizar que la amnistía se otorgue de manera transparente y justa, sin comprometer la integridad del sistema judicial ni la búsqueda de la verdad y la justicia.
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